3.08 Tesis magíster

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El debido proceso administrativo : análisis de los procedimientos sancionatorios de telecomunicaciones, sanitario y eléctrico.
(2013) Paredes Hurtado, Daniela; Lara Arroyo, José Luis; Pontificia Universidad Católica de Chile. Facultad de Derecho
En el presente estudio se revisan los principios del Derecho Administrativo Sancionador. Se ahonda en el concepto de debido proceso, sus principios rectores y los alcances del artículo 19 N° 3 de nuestra Carta Política, se examina el concepto de “tribunal‟. Se abordan las potestades sancionadoras de la Administración en su vertiente correctiva, aquella dirigida a los particulares. Asimismo, se describe su tratamiento jurisprudencia y doctrinal y el concepto de sanciones administrativas. Por último, mediante un análisis de legalidad, se emprende un estudio sobre si los procedimientos sancionadores relacionados con los servicios fundamentales -a saber, telecomunicaciones, eléctrico y sanitario- cumplen a cabalidad o no con los estándares del debido proceso, confrontando jurisprudencia judicial y jurisprudencia administrativa.
Del constitucionalismo digital al analógico : nuevos estándares del Tribunal Constitucional en materia de televisión.
(2014) Hube Portus, Constanza; Zárate Rojas, Sebastián; Pontificia Universidad Católica de Chile. Facultad de Derecho
Acción de inaplicabilidad y control concreto de constitucionalidad : el caso chileno.
(2015) Poblete East, José Miguel; Peña Torres, Marisol; Pontificia Universidad Católica de Chile. Facultad de Derecho
Evaluación psicométrica del test Conners 3 en la población chilena en edad escolar
(2016) Ocampo Vidal, Elleine; Rojas Barahona, Cristian A.; Pontificia Universidad Católica de Chile. Facultad de Educación
El Trastorno por Déficit atencional con Hiperactividad (TDAH) es una de las alteraciones del desarrollo con mayor prevalencia en niños y niñas en edad escolar, estudios señalan una prevalencia entre un 3% y 7% a nivel mundial en este rango etario, sin embargo investigaciones de prevalencia de desórdenes psiquiátricos el año 2012, en nuestro país, identifican hasta 27,9% entre los niños y niñas de 4 – 11 años, impactando su vida en distintos ámbitos, especialmente en el escolar. Para diagnosticar el TDAH, se utilizan diversas escalas, sin embargo el test de Conners es utilizado en forma masiva por diferentes especialistas en nuestro país y en el mundo, con el propósito de recoger información relevante de las personas que conocen a los niños(as). El objetivo de este estudio fue realizar un análisis psicométrico del test de Conners 3 en su versión corta para apoderados, profesores y auto informe (alumno). Se aplicó a una muestra de 264 sujetos en colegios de la región Metropolitana de Santiago; a partir de un muestreo probabilístico, distribuido según nivel socioeconómico, edad y sexo. Este estudio presenta evidencia estadística que sustenta la validez y confiabilidad del instrumento de evaluación Conners 3, en una muestra de la población chilena en edad escolar y al mismo tiempo homologa estos resultados con los análisis del test original. Los resultados para los tres cuestionarios, así como sus subescalas e ítems, confirman que los instrumentos presentan adecuados niveles de confiabilidad. Las principales áreas sintomatológicas que evalúa cada uno de los test, como son la hiperactividad y la inatención, son válidas y confiables en la población chilena. Se entrega información relevante, a partir de procedimientos estadísticos, a la comunidad educativa, y especialistas, que permiten determinar la validez sobre el uso del test para el proceso de diagnóstico, identificación y seguimiento del TDAH.
Tutela de derechos fundamentales desde el método de casos.
(2016) Urzúa Arce, Romina; Núñez Leiva, J. Ignacio; Pontificia Universidad Católica de Chile. Facultad de Derecho
Estado actual de la obligación de seguridad laboral en el derecho chileno.
(2016) Ravinet Muñoz, César; Tapia Guerrero, Francisco; Pontificia Universidad Católica de Chile. Facultad de Teología
Análisis de la obligación de seguridad desde la perspectiva del derecho chileno, a partir de las normas constitucionales, principalmente el derecho a la vida, derecho de seguridad social y que conducen al nivel legal a las normas preventivas e indemnizatorias aplicables en materia de riesgos del trabajo.
Obligación del director de valorizar la sociedad en un Informe de OPA.
(2016) Rojas Alfaro, Pedro Guillermo; Salgado Sánchez, Marco; Pontificia Universidad Católica de Chile. Facultad de Derecho
El trabajo se inicia planteando la problemática que se presenta para el accionista minoritario cuando el accionista mayoritario ha avanzado en un eventual proceso de venta de su denominado paquete controlador en una sociedad anónima abierta y dicha venta debe someterse al proceso de Oferta Pública de Acciones (OPA). En dicho escenario, se presenta para el accionista minoritario asimetría de información y otras anomalías en la eficiencia del mercado. Frente a lo anterior, por medio de la promulgación de la Ley N° 19.705 el legislador modificó la normativa del Mercado de Valores, en particular la Ley N° 18.045 de Mercado de Valores (LMV), introduciendo mecanismos destinados a regular las OPAs en beneficio de los accionistas minoritarios y, en consecuencia, del mercado. La tesis se centra en una de las obligaciones que nacieron para los directores de la sociedad anónima en estos procesos, a saber, la contenida en el artículo 207, letra c) de la LMV que, en suma, dispone que los directores de la sociedad deberán emitir individualmente un informe escrito con su opinión fundada acerca de la conveniencia de la oferta para los accionistas. El producto de ese informe busca servir a que el accionista minoritario pueda adoptar –más– informadamente la decisión de negocios consistente en aceptar o rechazar la oferta de compra de sus acciones al precio establecido en el proceso de OPA.El trabajo se inicia planteando la problemática que se presenta para el accionista minoritario cuando el accionista mayoritario ha avanzado en un eventual proceso de venta de su denominado paquete controlador en una sociedad anónima abierta y dicha venta debe someterse al proceso de Oferta Pública de Acciones (OPA). En dicho escenario, se presenta para el accionista minoritario asimetría de información y otras anomalías en la eficiencia del mercado. Frente a lo anterior, por medio de la promulgación de la Ley N° 19.705 el legislador modificó la normativa del Mercado de Valores, en particular la Ley N° 18.045 de Mercado de Valores (LMV), introduciendo mecanismos destinados a regular las OPAs en beneficio de los accionistas minoritarios y, en consecuencia, del mercado. La tesis se centra en una de las obligaciones que nacieron para los directores de la sociedad anónima en estos procesos, a saber, la contenida en el artículo 207, letra c) de la LMV que, en suma, dispone que los directores de la sociedad deberán emitir individualmente un informe escrito con su opinión fundada acerca de la conveniencia de la oferta para los accionistas. El producto de ese informe busca servir a que el accionista minoritario pueda adoptar –más– informadamente la decisión de negocios consistente en aceptar o rechazar la oferta de compra de sus acciones al precio establecido en el proceso de OPA.El trabajo se inicia planteando la problemática que se presenta para el accionista minoritario cuando el accionista mayoritario ha avanzado en un eventual proceso de venta de su denominado paquete controlador en una sociedad anónima abierta y dicha venta debe someterse al proceso de Oferta Pública de Acciones (OPA). En dicho escenario, se presenta para el accionista minoritario asimetría de información y otras anomalías en la eficiencia del mercado. Frente a lo anterior, por medio de la promulgación de la Ley N° 19.705 el legislador modificó la normativa del Mercado de Valores, en particular la Ley N° 18.045 de Mercado de Valores (LMV), introduciendo mecanismos destinados a regular las OPAs en beneficio de los accionistas minoritarios y, en consecuencia, del mercado. La tesis se centra en una de las obligaciones que nacieron para los directores de la sociedad anónima en estos procesos, a saber, la contenida en el artículo 207, letra c) de la LMV que, en suma, dispone que los directores de la sociedad deberán emitir individualmente un informe escrito con su opinión fundada acerca de la conveniencia de la oferta para los accionistas. El producto de ese informe busca servir a que el accionista minoritario pueda adoptar –más– informadamente la decisión de negocios consistente en aceptar o rechazar la oferta de compra de sus acciones al precio establecido en el proceso de OPA.
Derecho urbanístico chileno : régimen de fuentes formales y conflictos normativos.
(2016) Escobar Rodríguez, Rodrigo; Henríquez Viñas, Miriam Lorena; Pontificia Universidad Católica de Chile. Facultad de Derecho
Beneficiario efectivo : una herramienta a considerar en el contexto de una norma general anti elusión.
(2018) Abarca Antiquera, Ángela; Benítez Córdova, Rodrigo; Pontificia Universidad Católica de Chile. Facultad de Derecho
El objetivo de esta tesis es reconocer el rol que la cláusula de Beneficiario Efectivo puede desempeñar en los Estados al momento de hacer frente a la elusión fiscal, y en particular, identificar el papel que la cláusula tendría en la aplicación de una Norma General Anti Elusión (NGA) o General Anti Avoidance Rules o GAAR. Para argumentar la solución a la hipótesis la tesis realiza un análisis de los tratados internacionales, las normas legales locales y la jurisprudencia administrativa del Servicio de impuesto internos. Lo anterior, también tomando como base el derecho comparado y el derecho internacional, utilizando como base el análisis de los Comentarios de la OCDE, ONU, la normativa de la Unión Europea, la normativa BEPS y la Normativa general antielusión en Chile. La investigación se encuentra focalizada en el término Beneficiario efectivo, analizando el conjunto de normas antielusivas. Se hace uso de la doctrina internacional, el derecho comparado y la forma en que otros países han conciliado la expresión Beneficiario efectivo con su derecho interno.
Nueva ley de datos personales para Chile : proyecto de ley para la modernización normativa en la protección de datos personales en Chile : análisis evaluativo y desafíos
(2020) Vicencio Zolezzi, Nicolás; Claro, Susana; Pontificia Universidad Católica de Chile. Escuela de Gobierno
La rápida globalización y los avances tecnológicos del mundo moderno exigen a los países una adaptación digital. Esta adaptación se ha visto acelerada en el contexto de la pandemia COVID-19 dejando al descubierto las falencias normativas en materia de datos personales. El presente trabajo busca dar cuenta de una necesidad imperante en la normativa chilena: la creación de una nueva ley para la protección de datos personales en nuestro país. Actualmente, existe un proyecto de ley que se encuentra en primer trámite constitucional en el Senado. El PDL es el principal impulsor de una clara política pública para manejar los datos personales desde el mundo público y privado, con el objetivo de alcanzar los estándares de regulación que los organismos internacionales exigen. Este PDL, sin embargo, no está exento de materias en discusión. Una de estas materias es la determinación del organismo encomendado de llevar a cabo la ejecución de esta nueva ley. Por esto, se enfatizará en que el órgano encargado de cumplir la función sea una Agencia de Protección de Datos Personales especializada, de carácter autónomo e independiente del poder político. Esta postura se debe a lo valiosos que son y serán considerados los datos no solo para el mercado, sino también para los gobiernos, ya que entregan información muy relevante para la concepción, implementación y evaluación de políticas públicas. Y, que cayendo en manos equivocadas puede generar mucho daño y manipulación en la sociedad. Si se traslada esta materia al contexto nacional chileno, cabe destacar que la normativa legal que regula el uso de datos fue concebida y puesta en vigencia el año 1999 y, salvo leves reformas en los años 2002, 2010, 2011 y 2012, es la que se mantiene actualmente. Como parte de la metodología, se revisarán las problemáticas existentes en torno a la normativa vigente, se realizará un análisis evaluativo del PDL en trámite y se complementará lo anterior con una revisión bibliográfica nacional e internacional para reflexionar sobre el alcance político, ético y económico que tendría la implementación de una ley de estas características. Para esto, es importante definir una línea clara como país en esta materia, ya que hoy, más que nunca, se ha puesto de manifiesto la importancia que tienen los datos en los desafíos a nivel país. La pandemia actual ha demostrado lo relevante y útiles que son los datos para las políticas públicas y, a la vez, ha evidenciado las falencias en la fiscalización y transparencia en relación con el manejo de estos. Esto lleva a preguntarse cuáles son los límites, obligaciones y deberes de las entidades públicas, así como también cuáles son nuestros derechos como ciudadanos y cómo son manejados nuestros datos no sólo por el Estado, sino también por el mundo privado. Frente a esto surge una pregunta importante: ¿cuál es el órgano que debería estar encargado de velar por estas atribuciones?
Exención de IVA en servicios afectos a impuesto adicional del Art. 59 de la Ley sobre el impuesto a la renta
(2020) Varas Melo, Gabriela Anita; Benítez Córdova, Rodrigo; Pontificia Universidad Católica de Chile. Facultad de Derecho
Mi investigación tuvo por objetivo analizar el alcance de la reciente modificación a la exención de IVA en virtud de la cual se incorporó una nueva limitación a su aplicación respecto de servicios utilizados en Chile, advirtiendo que se generarían casos de tributación no deseada. La falta de una definición legal del concepto de servicio “utilizado” en Chile podría causar problemas de interpretación y aplicación práctica. Además, la nueva limitación afectaría en especial a quienes son residentes en países con los cuales Chile ha suscrito y mantiene vigente un Convenio para evitar la Doble Tributación. Haciéndose cargo del problema identificado, se abordan diversas alternativas para mitigar los señalados casos de tributación no deseada.
Ley 21.020 sobre tenencia responsable de mascotas y animales de compañía : análisis a dos años de su implementación
(2020) Bravo Peña, Felipe; Pontificia Universidad Católica de Chile. Escuela de Gobierno
La Ley 21.020, conocida popularmente como “Ley Cholito”, busca regular la convivencia entre humanos y mascotas, con el fin de mitigar el conflicto social e impactos que genera la inadecuada tenencia de animales en la calidad de vida de las personas, en la salud pública, en el medio ambiente y en el bienestar animal. La Ley persigue cuatro propósitos principales; a. Que las personas con mascotas cumplan con ciertas obligaciones, b. Que la población de mascotas posea una mejor salud y bienestar, c. Que se controle el número de animales que deambula libremente y que genera impactos negativos y, d. Que en caso de que una mascota genere daños, su propietario pueda ser responsabilizado. El presente análisis revisa los resultados obtenidos por la Ley Cholito a dos años de su puesta en marcha. El foco principal de la revisión es comparar “lo que está ocurriendo con lo que debería ocurrir”, según lo establecido por la misma regulación. Para esto, se utiliza como base información cuantitativa generada por una evaluación realizada por la DIPRES al PTRAC el año 2019 , la cual es complementada con información secundaria e información primaria de carácter cualitativo. Por lo tanto, se trata de una investigación complementaria, que busca mejorar el entendimiento de esta política y desarrollar explicaciones sistemáticas a su desempeño. La evidencia recopilada y utilizada demuestra que las acciones emprendidas por el organismo responsable, PTRAC-SUBDERE, poseen serios problemas a nivel de diseño, implementación y ejecución, además de tener poca focalización en dar solución a los problemas que dieron origen y justificaron la política pública. También fue posible encontrar problemas en la dimensión equidad y de legitimación, y una ausencia de estrategias que apunten al cambio cultural que se necesita. Finalmente, se observa una ausencia de medidas para poner bajo fiscalización a aquellos propietarios que no les interesa ser regulados, y que probablemente, son el origen principal de los impactos negativos. Todo esto permite concluir, que con la actual modalidad de operación del PTRAC, sencillamente no será posible cumplir lo que la Ley establece. En atención a lo expuesto, se han determinado siete recomendaciones iniciales y prioritarias, que buscan evitar que el PTRAC siga debilitándose, y que permitan poner la política pública al servicio de los problemas para la cual fue diseñada: 1. Establecer la Identificación de mascotas mediante Microchip como obligación y como derecho ciudadano; 2. Realizar estudios poblacionales que determinen las estrategias de intervención; 3. Avanzar hacia el cambio cultural mediante educación, fiscalización y sanciones efectivas; 4. Establecer un consejo público-privado interministerial que asesore y fiscalice en el buen uso de recursos; 5. Establecer indicadores y metas acorde a los objetivos de la Ley; 6. Modificar el estatuto laboral del PVET; 7. Optimizar recursos y suspender algunas líneas de financiamiento temporalmente.
La vía del semipresidencialismo en Chile : propuestas y recomendaciones a partir del caso de Francia
(2020) Campos Parra, Hernán Javier; Valdés, Rodrigo O.; Pontificia Universidad Católica de Chile. Escuela de Gobierno
Los estudios que examinan los sistemas políticos latinoamericanos coinciden en la necesidad de transitar hacia un nuevo modelo de gobierno que deje atrás al clásico presidencialismo. Presidentes con baja legitimidad o la ausencia de actores que respondan ante situaciones de crisis institucional, son algunas de las motivaciones que esbozan quienes sugieren un cambio hacia un sistema político flexible que favorezca la gobernabilidad. Entre las alternativas que ha despertado interés es avanzar hacia un sistema semipresidencial. En Chile, la contienda constitucional ha reabierto el debate sobre el tipo de sistema de gobierno que se pretende implementar. El aplastante triunfo que obtuvo la opción por el cambio a la Constitución y la Convención Constitucional como órgano encargado de resolver su contenido, inició un proceso que decidirá, entre distintas materias que serán objeto de revisión, la ratificación de la actual forma de gobierno o la transición hacia un sistema remozado. Así es como la presente propuesta está orientada a los convencionales que integrarán el órgano constituyente. Para su materialización, se utiliza como prototipo el modelo de Francia. Debido a que su experiencia destaca dentro de los modelos de gobiernos mixto. De esta manera, se pretende entregar una contribución para el debate y una guía que orienta sobre los alcances que conlleva un rediseño del sistema político chileno.
Gestionando la mega sequía : patente por uso de aguas
(2020) Campos, Diego Ignacio; Pontificia Universidad Católica de Chile. Escuela de Gobierno
La discusión en torno a la gestión del agua está en uno de sus puntos más álgidos. Una mega sequía que lleva más de una década, más de 100 decretos de escasez, comunidades que no tienen acceso a agua potable al abrir las llaves de sus casas y el mundo del agro teniendo que movilizar sus animales al sur para que puedan sobrevivir han marcado el escenario hídrico en Chile. En ese contexto, es que han avanzado distintas iniciativas para hacerse cargo de las distintas manifestaciones del problema. Desde fondos de emergencia y camiones aljibes hasta proyectos de reforma de la legislación en su conjunto, incluso a nivel constitucional. Desde el año 2019, el Presidente ha convocado a distintos actores de la sociedad civil, congresistas y funcionarios de la Administración para aunar criterios y definir cuál será la estrategia a largo plazo en materias de agua. En paralelo, el proyecto de reforma avanza en su segundo trámite constitucional con varios cambios sustanciales con respecto a la legislación vigente. En efecto, diversos sectores, especialmente desde la agricultura, han presentado críticas a los mecanismos mediante los cuales se pretende hacer una mejor gestión hídrica. La mayor injerencia de parte de la Administración, tanto en la determinación de sanciones como de los criterios de caudales mínimos, el cambio de régimen de los nuevos derechos y la afectación de los ya existentes generan alarma entre los titulares de estos por lo que es necesario explorar alternativas que generen mayor concordia. En este trabajo, la propuesta será incorporar y analizar un mecanismo que tienda a una gestión hídrica eficiente y equitativa. El instrumento para estudiar será una patente por uso a los Derechos de Aprovechamiento de Agua que permita, entre otras cosas, morigerar la percepción de rentas “injustas” de los titulares de Derechos de Aprovechamiento de agua. Propender a la protección de las cuencas con una mirada a largo plazo, basado en el principio de equidad intergeneracional y desincentivar el posible acaparamiento y especulación con respecto a los Derechos. Para esto, es necesario levantar soluciones que conciten mayor conceso entre aquellos directamente afectados. Abogar por mecanismos que reconozcan la protección integral de este vital recurso con la importancia de la certidumbre jurídica para los que utilizan directamente el agua en sus campos y proyectos en general. En conclusión, se sugiere optar por la incorporación de este instrumento a las herramientas de gestión de cuencas con el fin de desincentivar el uso, manejar la situación de escasez y hacerse con parte de las rentas para cubrir los costos administrativos, especialmente de fiscalización. Manteniendo la propiedad de los títulos de Derechos de Aprovechamiento.
Etiquetas sociales como herramientas regulatorias. Contextualización, justificación y características
(2020) Smith Benavente, Daniel; Ibáñez Gomien, Juan Eduardo; Pontificia Universidad Católica de Chile. Facultad de Derecho
Los mercados y los consumidores han cambiado desde antaño. Hoy no se guían solo por oferta y demanda, y por eso han irrumpido distintas iniciativas que buscan hacer del mercado un lugar más transparente y justo. Por otra parte, el fenómeno de la regulación, propio de las ciencias económicas y jurídicas, ha evolucionado a lo largo de los años. Hoy, en línea con las demandas de los mercados y consumidores, la literatura ha comenzado a admitir motivos no solo económicos, sino también sociales. Dentro de estos últimos, especial relevancia tienen aquellos orientados a la obtención de información, siendo uno de estos las etiquetas sociales. En el presente trabajo se propone una contextualización de este instrumento como herramienta regulatoria, relevando sus aportes, limitaciones y herramientas alternativas, analizando su admisibilidad dentro de la literatura regulatoria y analizando las distintas opciones que tiene el regulador en su adopción y elementos que deben ser tenidos en cuenta por este. Por último se analiza su situación en el contexto normativo chileno, se analizan etiquetas sociales chilenas y recomendaciones generales para la concreción de una norma de etiquetado virtuosa para nuestro país. Lo anterior dada la importancia de regular a tiempo, habida cuenta de la inquietud e interés existente en el mercado y que tenderán a intensificarse en los próximos años, considerando además que podrían importar un gran provecho para una mayor equidad social en Chile.
“Tenemos hambre” : el caso del Programa “Alimentos para Chile” en estado de catástrofe 2020
(2020) Domínguez Ponce de León, Antonia; Valdés, Rodrigo O.; Pontificia Universidad Católica de Chile. Escuela de Gobierno
La pandemia del SARS-COV 2 en el mundo generó un shock económico que fue complejo de enfrentar debido su profundidad y rapidez. La pandemia afectó a Chile después de una crisis social a finales de 2019, que evidenció más las desigualdades socioeconómicas que existen en el país. Desde marzo de 2020, la expansión del virus provocó que el gobierno decretara largos confinamientos como medidas de contención de los contagios. Esta situación ha provocado una crisis económica y desempleo, por la cual, muchos hogares tuvieron dificultades para financiar sus gastos básicos. Frente a este contexto y a petición de autoridades locales y vecinos, entre abril y mayo de 2020, se crea el Programa “Alimentos para Chile” con el objetivo de ser un aporte alimenticio y evitar la movilidad de las personas para prevenir los contagios. La forma de hacerlo fue entregando casa por casa alimentos no perecibles y bienes básicos a los hogares más afectados por la pandemia. La canasta se repartió en dos ocasiones entre junio y julio principalmente. La implementación del Programa da en un contexto de crisis sanitaria, en que la rapidez y la eficiencia eran fundamentales. La distribución se llevó a cabo a través de los gobiernos regionales y locales a lo largo de Chile. Este trabajo circunscribe la evaluación de la implementación del “Programa Alimentos para Chile” en Región Metropolitana, debido a las restricciones de información de una política pública actualmente en curso.El diseño de la operación del programa en la RM se efectuó a través de la Intendencia Regional de Santiago en conjunto con las municipalidades. Para la implementación de esta nueva política pública requirió un alto nivel de coordinación. Hubo dos entregas en junio y julio de 2020. La logística de la Entrega I dependió de la capacidad de los proveedores de entregar los productos. En cambio, para la Entrega II las empresas prepararon con anticipación las cajas y la distribución fue más expedita. La evaluación del programa se basa en tres criterios relacionados con eficiencia: (1) La asignación de beneficiarios (2) La compra eficiente de los productos (3) La movilidad durante la cuarentena. La asignación de beneficiarios apuntaba a llegar la población más vulnerable a través de la selección de productos de primera necesidad familiar, disminuyendo la movilidad de los diferentes integrantes de los hogares. El movimiento fue estable después de ambas entregas, por lo tanto, la movilidad se podría haber contenido con la distribución de alimentos.Habiéndose implementado con carácter de urgencia, el programa se realizó de la forma más eficiente posible dentro de un contexto de pandemia. Sin embargo, la política deja dos lecciones. La primera, el Estado es capaz de aprender. Hubo cambios entre ambas entregas en lo que se refiere al contenido de la caja, los proveedores y las inversiones en logística. La segunda lección fue la necesidad de tener datos actualizados con respecto al contexto de emergencia que se esté viviendo. El objetivo de tener información actualizada es aumentar más la eficiencia al asignar beneficiarios de programas estatales.
Evaluación de impacto Programa Yo Elijo Mi PC
(2020) Bravo Flores, Catalina Andrea; Hojman, Andrés; Pontificia Universidad Católica de Chile. Escuela de Gobierno
Las tecnologías de información y comunicación -TIC- son cada vez más relevantes para el desarrollo económico, social y cultural de los países. Es por esto por lo que los países a lo largo del mundo han decidido invertir e incorporar estas tecnologías en el proceso de aprendizaje de los niños y niñas. Pese a esta marcada tendencia, no existe una literatura concluyente sobre su impacto en el proceso educativo y desarrollo de los estudiantes. En este contexto, este trabajo busca aportar a esta literatura realizando una evaluación cuasi-experimental del impacto del programa Yo Elijo Mi PC que entrega computadores individuales -para uso en el hogar- e internet a estudiantes que cursen 7º básico en establecimientos particulares subvencionados y que cumplan con ciertos criterios de vulnerabilidad y notas. En particular se estima su impacto en el rendimiento académico de los estudiantes para dos cohortes distintas (2015 y 2016), hasta cuatro años después de recibido el tratamiento. Los resultados indican que no hay un efecto significativo en ninguna de las variables estudiadas, a saber; Simce lectura y matemática en 8º y II medio y promedio de notas 2016, 2017 y 2018.
Política de migraciones : modificación al Decreto Ley Nº1.094 para mejorar los índices de migración irregular
(2020) Díaz Villanueva, Rolando; Claro, Susana; Pontificia Universidad Católica de Chile. Escuela de Gobierno
En los últimos años, ha existido un alza exponencial en los flujos migratorios en Chile.Se ha diversificado la caracterización de las personas que desean migrar al país, tantoen su origen, edad, educación, entre otros. Sin embargo, la regulación migratoria seha mantenido sin ninguna modificación sustantiva desde su creación en 1975, lo que hagenerado que muchos migrantes que ingresan al país lo hagan de manera irregular. Tenerun gran número de migrantes irregulares genera toda una serie de problemas, dado queestas personas se encuentran expuestas a la vulneración de sus derechos, es una pérdidaen el aporte que podrían generar al mercado laboral y debilita el poder del Estado al notener conocimiento de las personas que se encuentran en su territorio.Esta política pública busca modificar el Decreto Ley No 1.094 que establece las normassobre extranjeros en Chile, con el objetivo de generar un nuevo sistema de visas que logredisminuir los niveles de migración irregular en Chile. Esta nueva regulación busca generarun marco regulatorio que considere los flujos migratorios que existen en la actualidad yuna protección en sus derechos.Esta propuesta se basa en la experiencia comparada encontrada en Australia, Canadá yReino Unido. Estos países se han enfrentado a contextos migratorios similares al de Chile,teniendo que generar mecanismos técnicos para que el ingreso de personas extranjerassea un proceso sencillo y objetivo. El mecanismo de puntaje ha logrado disminuir enestos países los niveles de migración irregular, dado que generan una instancia dondeel migrante puede declarar desde un inicio el motivo de su visita a Chile, sin tener quementir para poder asentarse en el país.El debate migratorio es un problema público con un alto componente político y ético,donde se espera que la discusión tenga una serie de factores ideológicos, más que técnicos.Uno de los puntos más relevantes en la discusión de esta política, es que existe un apoyotransversal a la necesidad de modificar la regulación migratoria en Chile.Esta propuesta de política pública considera un sistema de seguimiento y evaluación.Donde existirá un panel de expertos que irá modificando periódicamente el sistema devisas, en cuanto sea necesario según indique el mercado laboral. La migración es unfenómeno dinámico que necesita una constante revisión por parte de los organismostécnicos del Estado para evitar alzas en la migración irregular. Finalmente, este cambioa la regulación debe ser considerado como un componente dentro de una modificaciónmayor a como se percibe la migración en Chile. Es necesario que se considere a losmigrantes como un aporte en el país en ámbitos económicos, sociales y culturales.
Participación ciudadana en el proceso constituyente : propuesta para el reglamento de la convención constitucional
(2020) Amenábar González, Josefina; Valdés, Rodrigo O.; Pontificia Universidad Católica de Chile. Escuela de Gobierno
Chile atraviesa una crisis en su sistema democrático caracterizado por la incapacidad institucional de dar respuesta a los intereses y demandas ciudadanas, lo que se logra ver en la profundización de los niveles de desafección política y el aumento de las manifestaciones sociales en la última década. Los ciudadanos demandan ser escuchados y que su opinión sea tomada en cuenta en la toma de decisiones. Por esto que es relevante que el proceso de redacción de la nueva constitución posea espacios de participación incidentes. De esta forma se responde de mejor manera al principio de soberanía popular y se profundizan los niveles democráticos. Se logra una mayor legitimidad de la carta fundamental y, como consecuencia, de las instituciones emanadas de esta, lo que podría derivar en una mayor estabilidad institucional y desarrollo. Por último, es una oportunidad única para para superar -y no profundizar- la actual crisis política y social, y fortalecer nuestro sistema democrático. Ahora bien, la participación posee riesgos y desafíos, ya que su éxito depende de la capacidad administrativa de los estados, los recursos disponibles para su realización, el cumplimiento de las expectativas ciudadanas y que los espacios no sean capturados por grupos de interés. Para evitar estos riesgos el proceso participativo debe, simultáneamente, gozar de un compromiso genuino de los encargados de redactar la constitución de incluir la voluntad popular, contar con altos niveles de transparencia, contener un plan de educación cívica, incluir diversos mecanismos de participación que sean inclusivos, incidentes y oportunos, y por último una institucionalidad que garantice un proceso de participación objetivo y pertinente al contexto, los recursos y el tiempo disponible. A partir de lo anterior, este trabajo realiza una propuesta de participación para la convención constitucional. Los mecanismos de participación contemplan: audiencias públicas, iniciativas populares y encuentros locales, comunales, temáticos y a grupos marginados. En términos de transparencia se propone que la convención se atenga a las leyes de transparencia, probidad y lobby vigentes, así como también que lleve un completo registro de las sesiones de comisiones y plenos, y efectúe informes de rendición de cuentas, los que se socializarán en encuentros mensuales con este propósito. Por último, en términos de institucionalidad, se propone crear una división técnica de participación que gestione las instancias de participación y coordine el trabajo de las instituciones externas, las que, a su vez, se aglutinarán en dos: el Órgano de Educación Cívica y Participación, compuesto por universidades, que coordinara las instancias de educación cívica y los encuentros públicos, y el Órgano de Control Ciudadano, compuesto por organizaciones de la sociedad civil con el fin de supervisar el proceso participativo. Luego se desarrolla una propuesta de implementación, así como un análisis de sus resultados esperados y viabilidad política, concluyendo con recomendaciones generales para un proceso constitucional participativo. Este trabajo intenta aportar al actual debate nacional, ya que son escasos los documentos que sistematizan las principales conclusiones de la literatura y realizan propuestas concretas para integrar la participación ciudadana durante el proceso constitucional chileno.
Política propuesta : uso de Bonos de Impacto Social (BIS) para reducir el sentimiento de soledad en los adultos mayores, por medio del aumento de redes de apoyo en Centros Diurnos Comunitarios para el Adulto Mayor
(2020) Guzmán Gómez, Daniela; Larrañaga, Osvaldo; Pontificia Universidad Católica de Chile. Escuela de Gobierno
Este estudio busca dar cabida a una urgencia nacional contingente, que es atender y hacer frente a uno de los muchos problemas que existen en una sociedad que está envejeciendo: el sentimiento de soledad en los adultos mayores.El Programa propuesto “Uso de Bonos de Impacto Social (BIS) para reducir el sentimiento de soledad en los Adultos Mayores, por medio del aumento de redes de apoyo en los Centros Diurnos Comunitarios para el Adulto Mayor”, es un plan piloto que tiene como objetivo reducir el sentimiento de soledad de personas iguales o mayores a 60 años, que pertenezcan a los quintiles I, II y III del Registro Social de Hogares (RSH), que cuenten con un nivel de dependencia funcional leve.El plan propone que todos los Centros Diurnos Comunitarios de la red del Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) implementen un taller de auto-ayuda grupal, lo que facilitaría un cambio en el sentimiento de soledad de las personas que asisten. Al respecto, se utilizará la Escala de Soledad UCLA como referencia para puntuar dicho sentimiento, según un cuestionario que todos los beneficiarios del programa deben contestar antes de iniciar el tratamiento sugerido.Se espera que la implementación de este programa repercuta directamente en un ahorro Estatal relacionado al gasto en patologías de salud mental asociadas al sentimiento de soledad, de las personas que son beneficiarias de la política.Para llevarlo a cabo, se sugiere el modelo de financiamiento Bonos de Impacto Social (BIS), donde se espera que el sector público y el sector privado actúen colaborativamente para financiar e implementar el programa. En este, el inversionista es quien toma el riesgo de invertir y el Estado, sólo en caso de éxito, le devolverá la inversión más retornos acordados.

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